Lograr el desarrollo económico sostenido exige tomar conciencia de los serios problemas que enfrentamos, consecuencia, entre otros del modelo adoptado. Hay que reconocer públicamente que el conjunto de medidas aplicadas no han funcionado y que el país confronta una seria crisis de crecimiento, marcada por los desequilibrios macro económicos, traducidos, en alta inflación, desabastecimiento y escasez, golpeando duramente los niveles y calidad de vida de los venezolanos.

Asumido el problema, lo responsable es enfrentarlo mediante el diseño y aplicación de un programa de ajuste destinado a corregir los graves desequilibrios, lo que exige explicar y difundir el conjunto de medidas, buscando el consenso necesario para asegurar la puesta en marcha del plan diseñado.

De otro lado, la experiencia señala que restablecer los equilibrios transita por la recuperación de la confianza en la gestión, lo que en nuestro caso exige convencer a los agentes y actores claves para la recuperación, mediante el restablecimiento de la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y a las instituciones a fin de restablecer la marcha normal del aparato productivo, hoy golpeado por la continuas intervenciones del Estado en la cadena de producción, paralizada por la presencia de múltiples controles, expropiaciones y abusos.

Dada la seria situación que enfrentamos, urge el viraje en la política económica aplicada. De allí que sea responsabilidad del gobierno en funciones, promover la consulta y el dialogo a fin de obtener el respaldo necesario para la aplicación del programa, su éxito va de la mano del apoyo de la población, lo que obliga a su difusión a fin de convencer a las mayorías de que la suerte del futuro de la nación, transcurre por enfrentar el serio desequilibrio entre ingresos y gastos; las distorciones del sistema cambiario y facilitar una mayor intervención del mercado en la asignación de precios. En paralelo recobrar la institucionalidad en la toma de decisiones, urge la independencia del Banco Central en la conducción de la política monetaria y cambiaria, de los poderes públicos, legislativo y judicial, y una mayor participación de la sociedad civil.

Las nuevas reglas facilitarían la ejecución de las propuestas, para lo cual se requeriría además del fortalecimiento de las instituciones y organizaciones integradas responsables por llevar adelante las acciones necesarias para lograr los objetivos y metas, lo que exige recuperar la eficiencia y eficacia del aparato administrativo público, reconstruyendo el servicio civil, la descentralización y el respeto al mérito. Es urgente recuperar la coordinación entre las agencias a nivel nacional, regional, y local, con especial atención a las municipalidades y comunidades organizadas a objeto de lograr la mayor participación de los diferentes entes en la ejecución del programa de reconstrucción nacional.

Solo así se conseguirá alcanzar los objetivos del programa donde destacan a corto plazo: abatir la inflación, la escasez y el desabastecimiento, y a mediano plazo recuperar el crecimiento y el empleo digno, mediante una mayor inversión pública y privada. El desafío alcanzar un crecimiento sostenido que reduzca la pobreza y la desigualdad, incorporando a la economía nacional al crecimiento global.

Maritza Izaguirre / Socióloga