Nuevos “actos de discriminación y promoción de apartheid político” denunció el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), a propósito de la recolección de firmas para el referendo revocatorio. A través de un comunicado, esta organización advirtió que estas acciones son alentados por el mandatario nacional, quien anunció la creación de un equipo para revisar las rúbricas “una por una”.

“El anuncio, además de violar la Constitución Nacional y la normativa electoral vigente, propiciará nuevos escenarios de discriminación política similar a la conocida Lista Tascón”, advirtió Provea.

Dos parlamentarios por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), hasta la fecha, se han expresado públicamente contra los trabajadores del sector público que participaron en la actividad promovida por la Unidad Democrática. El diputado Diosdado Cabello, afirmó en una entrevista en una radio del Estado venezolano, que los directivos de instituciones públicas que firmen “no deberían seguir en sus cargos”, reseñó El Nacional.
El diputado Ricardo Molina, advirtió este miércoles, en una entrevista en un canal privado de televisión, que “quien no apoya al gobierno revolucionario y trabaja en una institución del gobierno revolucionario, es un indigno”.

Casos anteriores

Pero esta es la segunda vez que se dirige de esta manera a los empleados y obreros de la administración pública. En 2013, cuando ejercía el cargo de ministro de Vivienda y Hábitat dijo “a mi me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales (…) al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia, yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución (…) quien quiera ser militante (…) que renuncie, porque si no renuncia, yo mismo lo voy a botar”.

El ministro de Energía Eléctrica, Luís Motta Domínguez, en diciembre, luego de las elecciones parlamentarias, señaló “todo el que sea escuálido, fuera de la corporación (Corpoelec), fuera de la corporación”.

Provea en su comunicado señaló que ambos funcionarios “debieron ser removidos inmediatamente de sus cargos” según lo establecido en la Lottt, pero no hubo ningún tipo de sanción. Y exigió a la Defensoría del Pueblo un pronunciamiento de rechazo a estos pronunciamientos, y reiteró el llamado a los posibles afectados a comunicarse con esa organización a través de [email protected]

Actualidad Laboral / ASS
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