En publicaciones recientes, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial y los organismos regionales, han llamado la atención sobre el debilitamiento de las economías de la región, en especial de aquellos países altamente dependientes de las exportaciones de materias primas, hoy afectados por el descenso en sus precios, lo que incide en las cuentas fiscales de dichos países y su consecuencia directa sobre su capacidad de gasto e inversión.

La incertidumbre generada por las restricciones en el gasto, afecta a su vez el ingreso de la inversión extranjera directa, asociada a grandes proyectos de inversión, en suspenso, como consecuencia de la desaceleración económica de los países consumidores de dichos productos.

La caída en la inversión incide en la tasa de crecimiento, amenazando la sustentabilidad del proceso de reformas y cambios aplicados en los últimos veinte años, que facilitó en algunos países la transformación del aparato productivo y el logro de metas importantes en la reducción de la pobreza y la desigualdad, producto de la expansión de la clase media y su mayor poder adquisitivo mediante la creación de empleo e ingreso, claves en el crecimiento del consumo y el fortalecimiento del mercado interno.

Preocupa por lo tanto, que la menor disponibilidad de recursos fiscales, frene los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, mediante el mayor gasto dirigido a fortalecer los sistemas educativos y de salud pública, la infraestructura social básica y las iniciativas dirigidas a mejorar la productividad, la calidad e innovación claves para competir en el mercado global.

Se recomienda por tanto examinar el marco institucional en busca de eficiencia y eficacia en el gasto público y la necesaria y urgente coordinación con el sector privado para unir esfuerzos en la misma dirección, enfrentar el ciclo recesivo con inteligencia y coraje, ya que los desafíos en cuanto a sostenibilidad del proceso están en juego y para enfrentarlo se requiere de la creación de una visión compartida, ya que las nuevas metas planteadas por las Naciones Unidas, incluyen compromisos adicionales en cuanto al fortalecimiento de la democracia, el medio ambiente, la inclusión de los grupos marginados, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra el crimen y la violencia, entre otros.

Por lo tanto más que nunca se hace necesaria la creación de un ambiente de confianza y seguridad para lograr el financiamiento que se requiere para consolidar las metas logradas, y enfrentar los retos pendientes.

En nuestro caso, el FMI ha expresado su preocupación por las consecuencias observadas en la calidad y nivel de vida de los venezolanos, al retrasar los ajustes de política tan necesarios para corregir los graves desequilibrios presentes, resultado de la aplicación de un modelo desfasado en el tiempo, basado en la centralización de las decisiones en manos del sector público, limitando la participación de las fuerzas productivas, generando incertidumbre y desconfianza, impidiendo que la economía crezca y prospere.

Por lo tanto no tenemos tiempo que perder, hay que asumir el costo del ajuste, retrasar implica más deterioro, revirtiendo los logros alcanzados en materia de pobreza y desigualdad, en especial en las oportunidades de empleo productivo e ingreso y bienestar y prosperidad para todos.

Por Maritza Izaguirre / Socióloga