En el entorno actual, es evidente la importancia de contar con una política industrial que identifique con claridad la estrategia a seguir para lograr la reactivación del sector fuertemente golpeado en estos últimos años por la falta de claridad en la política oficial, en especial por la inseguridad generada, consecuencia de la intervención constante del Estado, mediante la aprobación de un marco legal, que condiciona la marcha del aparato productivo.

En nuestro caso, es evidente que el resultado de las medidas adoptadas han conducido al estancamiento del sector: producción insuficiente en  los productos de mayor demanda, lo que se traduce en escasez crónica e insatisfacción en los consumidores por su ausencia y deterioro en calidad.

Ello ha llevado al cierre de empresas y por lo tanto a la desaparición de empleos estables para los afectados, incidiendo en la posibilidad de competir en el mercado internacional y limitando el ingreso de las divisas requeridas para  la adquisición de los insumos externos utilizados en la producción de los bienes y servicios.

De otro lado, la contracción del sector limita la inversión y renovación tecnológica tan importantes para incrementar la productividad y mantener la competitividad con base a la generación de conocimiento propio,  factores  claves para la dinámica de crecimiento.

De allí que para revertir la situación se hace necesario diseñar una política resultado, entre otros,  de la  discusión abierta y sincera de los principales actores del proceso industrial: empresarios, trabajadores, sociedad civil y muy importante el sector público involucrado, tomando en cuenta las diferencias regionales y locales.

Lo anterior, implica reconocer abiertamente que se requiere de la cooperación de todos los involucrados en el proceso,  para alcanzar metas concretas en la producción de los bienes exigidos  por el mercado. Mercado  que en nuestro país,  responde a hábitos y costumbres, conformados a lo largo de los años, influenciados  por el fuerte crecimiento del poder adquisitivo, característico de los años de expansión del siglo pasado que influyo en la percepción de los consumidores sobre la existencia de un mercado confiable, donde la mayoría de los productos se encontraban en los establecimientos comerciales; en una fase inicial, fuertemente marcado por la importación y luego por el proceso de sustitución de importaciones, gracias a la producción nacional, resultado de un aparato productivo que producía y distribuía los productos con regularidad a los consumidores en el territorio nacional, incursionando con los excedentes más allá de nuestras fronteras.

Acordar la política industrial, implica recobrar la  confianza de los actores, especialmente ofrecer al sector privado, tradicionalmente un elemento clave en la dinámica de crecimiento del sector,  la seguridad jurídica necesaria para recuperar la inversión y el compromiso en la actividad productiva nacional.

De allí que será necesario reconocer abiertamente la existencia del problema, convocar a los actores principales a una discusión sincera y abierta que, con base a un diagnóstico compartido, sea capaz de identificar el conjunto de medidas necesaria para integrar una estrategia a corto, mediano y largo plazo, destinada a revertir la situación.

De allí la necesidad de la creación de un Consejo Nacional que facilite la participación de los actores, gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad civil en el diseño de la estrategia, y luego en la construcción del marco legal y operativo capaz de revertir la situación y conducir al crecimiento y expansión de la industria nacional.

Maritza Izaguirre / Socióloga