27-11-2017
Luego de varias semanas deshojando la margarita sobre qué medidas tomar para enfrentar lo que se ha convertido en la segunda hiperinflación del Siglo 21, y tan solo la número 57 desde la que sucedió durante El Terror en la Revolución Francesa, el Gobierno decidió por enésima vez atacar los resultados, y no las causas de un fenómeno que han provocado con la desordenada emisión monetaria, y que parecer que no terminan de entender.

Pretender que un decreto, norma o como se le quiera llamar, de “Precios Acordados” regentado por la inefable policía de precios conocida como SUNDDE es un ejercicio fútil que no tiene la más mínima posibilidad de éxito. Esto es así, porque con la inflación que con inusitada terquedad el BCV se niega a publicar, en 45% al mes de octubre y en continuo aumento cualquier concertación está condenada al fracaso.

La razón es muy sencilla: cualquier proceso burocrático de determinar algo tan etéreo como un precio supuestamente justo se mide en términos de semanas si no meses. Es decir, desde que el Gobierno decide que va a acordar un grupo de precios, luego convoca a los administrados, se reúne con ellos, hay un proceso de negociación por corto que sea, se llega a una cifra, esa se somete a Miraflores para que los sabios de Podemos y del PSUV le den su visto bueno, y finalmente se anuncia públicamente han pasado, siendo optimista, cuando menos seis semanas.

En ese lapso, la inflación habrá sido de al menos 60%, y si como anunció el SUNDDE el acuerdo es por 90 días, al final de ese lapso la inflación acumulada adicional sería de 174% para un total desde que se empezó a discutir la materia de 285%. Si las cifras le parecen exageradas amigo lector, es porque la sumatoria de 40% en dos meses no es 80% sino 96% porque ellas no se suman aritméticamente sino que se multiplican acumulativamente. Solamente uno de los aspectos perversos de ese fenómeno.

Es por ese motivo que los precios que se acordaron ya eran letra muerta el día mismo en que se anunciaron. De la última regulación publicada hace ya tiempo, los aumentos del nuevo acuerdo oscilaron entre 4,000% y 37,000%. Pero lo más significativo no es eso, sino que aun así los precios quedaron muy por debajo de los que se encontraban en el mercado: el kilo de arroz regulado en Bs 13,709 mientras que el importado, único que se consigue ronda los Bs 40,000, el pollo se reguló en Bs 24,500, estando en Bs 60,000/70,000 donde se encontraba. Bueno, donde se encontraba antes de las inspecciones que hicieron que despareciera de las bandejas de los detallistas.

Al igual que ha venido sucediendo con las tasa de cambio que cuando por fin se ajusta se hace con un rezago enorme restándole cualquier vestigio de credibilidad a la política que se pretende implementar, este nuevo intento que arranca, como podemos ver con un rezago importante desde el día uno, no va a servir ni siquiera de un lejano marcador de lo que en verdad está sucediendo. Lo único seguro es que pretender imponer esos precios por la fuerza mediante fiscalizaciones masivas generará mayor escasez.

Desde que en 30DC el Emperador Diocleciano pretendió controlar todos los precios para esconder la reducción de contenido de oro del Denario, hasta el intento de Robespierre durante El Terror, de subsidiar a los parisienses a expensas de los agricultores imprimiendo billetes sin respaldo, las lecciones de la historia son motivo de reflexión: A Diocleciano lo retiraron y se dedicó al cultivo de coles, Robespierre corrió con peor suerte en la gullotina en la que había ultimado a sus enemigos.

Motivo de reflexión para quienes habiendo provocado la hiperinflación con sus políticas monetarias fallidas, todavía persistan en la intención de tapar al solo con un dedo mediante medidas como la que acaban de decretar.

Aurelio F. Concheso / Ingeniero

www.laotraviarcr.blogspot.com

@aconcheso