El descenso en el precio de las materias primas está impactando las economías de las naciones exportadoras de éstas. Un número importante de las economías de América Latina y el Caribe se encuentran en esta situación.

Incrementar la productividad de actividades relacionadas con sectores distintos al sector primario, como el sector industrial, podría ser una opción para hacer frente a la coyuntura y mejorar la calidad del empleo en estas naciones.

Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destacó la importancia de la cooperación entre Latinoamérica y Europa en el diseño e instrumentación de políticas industriales que permitan aumentar la productividad laboral y contribuir a reducir la desigualdad social.

“La alta rentabilidad de los sectores vinculados a los recursos naturales y a algunos servicios promueve que gran parte de la inversión se dirija a esas actividades, relegando la formación de capital industrial”, afirmó Prado en el marco del “Diálogo de política industrial entre la Unión Europea y América Latina, realizado esta semana en Chile.

Eduardo Bitrán, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile se refirió a la “política industrial de desarrollo inteligente de Chile” y puso de manifiesto la necesidad de diversificación productiva que tienen las naciones dependientes de la exportación de materia prima, como Chile, país para el que la minería representa 60% de sus exportaciones, un porcentaje similar al que se registraba en 1970, según recordó. “Más de lo mismo nos lleva al estancamiento”, dijo.

Antonio Prado afirmó que “la CEPAL es consciente de las dificultades en la implementación de las políticas industriales en economías como las de la región, con instituciones débiles”, según reseñó este organismo.

El representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que a pesar de esta situación, la Cepal ha atendido las solicitudes de ayuda para el diseño de política industrial realizadas por países como Argentina, Uruguay, Ecuador y el Salvador y que en este momento atienden requerimientos en este sentido realizados por naciones como Panamá y Bolivia.

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