En el laboratorio de la planta de tratamiento químico de Piamo, que pertenece a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que está ubicado en la parroquia El Tejero (municipio Ezequiel Zamora) del estado Monagas, no es la COVID-19 lo que enferma y envenena a los empleados y analistas químico. En esa unidad de procesamiento, en la que se manejan a diario sustancias nocivas como xileno, benceno y tolueno, es la falta de equipos y medidas de seguridad industrial lo que compromete la salud de los trabajadores, quienes, además, están desprotegidos debido a la falta de seguro médico y el deterioro de sus condiciones laborales.
Una evaluación toxicológica realizada por la Unidad de Salud Ocupacional del laboratorio de la planta de Piamo arrojó a mediados de este año que 16 de un total de 36 trabajadores tienen la sangre contaminada con sustancias tóxicas. Sin embargo, se desconoce el estado o la situación actual de estos empleados.
La información sobre el umbral de riesgo al que están expuestos es un rumor de pasillos. Una fuente vinculada a la planta, que prefirió mantener su nombre en anonimato, explicó que la gerencia optó por mover de sus puestos a los empleados contaminados que manifestaban los síntomas de envenenamiento.
“La gerente y directora de salud de la parroquia Punta de Mata (municipio Ezequiel Zamora), Luvidis Millán, negó desde el principio los estudios hematológicos especializados para hacerles seguimiento y determinar el daño generado o las patologías. A quienes se complicaron con la COVID-19 tampoco se les sometió a una evaluación. Una compañera desarrolló problemas en su sistema reproductor y se hizo estudios particulares. Cuando se supo el diagnóstico la enviaron a otro departamento y se olvidaron de eso. No fue atendida”, denunció la fuente.
Según cifras y datos recopilados por los sindicalistas de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), 300 trabajadores activos y jubilados han muerto desde 2019 hasta la fecha a causa de enfermedades ocupacionales, patologías crónicas, falta de medicinas y complicaciones asociadas al coronavirus.
Desde que el Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los Trabajadores Petroleros (Sicoprosa) dejó de ser aceptado en las clínicas privadas, hace más de año y medio, la agonía de los empleados es un clamor que se replica en cada estado.
Luis Hernández, trabajador de la industria y directivo de la Futpv, explicó que por su amplia póliza de cobertura el seguro médico de Pdvsa, de régimen contributivo, era considerado uno de los mejores del mundo. A los trabajadores les descontaban 20 % de su sueldo y Pdvsa aportaba el 80 % restante. Pero la empresa dejó de pagar y actualmente adeuda a la red de clínicas y farmacias 12.000 millones de dólares.
“Ahora nuestros empleados mueren en sus casas sin atención médica o después de ser ruleteados por varios hospitales. La miseria de sus familias es tal que no tienen ni para enterrarlos, y hasta le hemos pedido ayuda a la Alcaldía de Maturín para cubrir los gastos funerarios de nuestros profesionales”, aseguró.
Hernández destacó que la situación es peor para los jubilados, quienes cobran como pensión 1.200.000 bolívares mensuales, equivalentes al costo de una harina PAN. El sindicalista detalló que el fondo de pensiones reservado para un total de 29.500 trabajadores fue saqueado durante la gerencia de Francisco Illaramendi y el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, quienes –según él– cargaron con la suma de 573 millones de dólares de los que han sido recuperados 333 millones que están congelados en cuentas de Estados Unidos.
“Si no se hubiesen robado ese dinero, los jubilados recibirían 660 dólares mensuales y no se estarían muriendo de hambre”, dijo.
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