En el pasado, Venezuela era conocida por sus paisajes, sus playas, sus hermosas mujeres y la calidad del Venezolano. Muy a mi pesar, eso ha cambiado, hoy se conoce a Venezuela como un país inseguro, sin crecimiento, sin dólares y peor aún, que premia al trabajador que no trabaja.

Para algunos lo último viene siendo un gran beneficio o como se dice en criollo,  “una manguangua”, pero para la mayoría de nosotros eso es un tema inexplicable y sin justificación alguna.

Como ustedes saben desde el año 2002 reina en el país una inamovilidad laboral que fue una medida tomada por el gobierno para evitar el desempleo y garantizar las fuentes de trabajo con ocasión del paro nacional. Sin embargo, ello debió ser una medida temporal, pero paradójicamente y a pesar que el gobierno ha dicho en los últimos años que Venezuela está creciendo como la espuma, que somos una nación soberana y con fuentes de empleo, con autonomía y calidad de vida, donde se respetan los derechos y existe justicia, dicha medida ya cuenta con más de 10 años. Es que ni siquiera con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“LOTTT”) de 2012 que venía a establecer una estabilidad absoluta se eliminó la inamovilidad, ¿y entonces?

Esa inamovilidad laboral fue concebida como un mecanismo para frenar el desempleo y proteger contra despidos injustificados y arbitrarios por parte del empleador, quien pagaba al trabajador sus prestaciones y demás beneficios adeudados a la fecha del despido así como el pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pero al final el trabajador quedaba sin trabajo.

Para los que aún permanecen ajenos al tema les comento que desde el 2002 para despedir a los trabajadores es necesario que exista una causa justificada y que el inspector del trabajo autorice el despido. He allí el gran problema, que el inspector del trabajo lo acuerde. La realidad es que aunque usted lleve las pruebas, tenga un video donde agarre al trabajador en flagrancia o mejor dicho “con las manos en la masa”, tenga la declaración de todos los trabajadores afectados, cuente con todo para evidenciar que el trabajador incurrió en la falta, las inspectorías del trabajo no autorizan los despidos lo que ha llevado a que se termine negociando la renuncia del trabajador que no trabaja.

El problema con negociar la renuncia del trabajador que no trabaja, es que a diferencia de la renuncia del trabajador que sí trabaja y al que le corresponde el pago de sus prestaciones sociales y demás beneficios laborales (vacaciones, bono vacacional y utilidades) hasta la fecha de la terminación de la relación de trabajo, al trabajador flojo, reposero, ausente, agresivo, malandro y pare usted de contar como abundan en nuestro país se le debe pagar prácticamente lo que pida para que acepte firmar la renuncia. Lo mínimo que pide es un bono equivalente a 10, 12, 24 o la cantidad de meses que se le ocurra y su impacto en los demás beneficios. Pide también la indemnización prevista en el artículo 92 de la LOTTT como si hubiere sido despedido y cualquier beneficio contractual que tenga la empresa como por ejemplo, cupos de vehículos, cestas de productos, meses gratis de servicios, HCM por cierto tiempo, etc. lo que se traduce en ganarse el “Kino Táchira” o el “Triple Gordo”. Lo anterior no se compara con lo que solicita un trabajador que sea Delegado de Prevención o dirigente sindical que incumpla con sus obligaciones laborales, a quien es preferible dejarle las llaves del negocio.

Esta nefasta situación ha generado que en Venezuela el trabajador que sí trabaja, que asiste puntualmente, que está comprometido con la entidad de trabajo, que se preocupa por superarse y crecer profesionalmente, reciba al término de su relación de trabajo mucho menos dinero que el trabajador mal portado ¿entonces cuál es el mensaje que se está enviando? Como diríamos loa abogados, frente a esta situación rogamos a la autoridad competente que declare con lugar la calificación de falta solicitada y probada y autorice, en consecuencia, el despido justificado del trabajador.

Esto refleja la Venezuela actual donde se premia al trabajador que no trabaja.

José Ernesto Hernández Bizot / Abogado