"No parece haber habido un gran número de trabajadores de Rumanía y Bulgaria acudiendo a otros Estados miembros", ha dicho el portavoz de Empleo, Jonathan Todd. Según el análisis de Bruselas, la "gran mayoría" de rumanos y búlgaros que querían ir a otros países de la UE ya lo hicieron antes de que se abolieran las restricciones que quedaban en 9 Estados miembros y aunque pueden producirse "problemas locales", las autoridades locales pueden afrontarlos con ayuda, si es necesario, de fondos europeos.
Además, el Ejecutivo comunitario sostiene que los trabajadores inmigrantes "tienden a ser contribuyentes netos al sistema de bienestar social de los países receptores". El primer ministro británico, David Cameron, quiere imponer nuevas restricciones por considerar que rumanos y búlgaros se aprovechan indebidamente de sus prestaciones sociales y cuenta con el apoyo de países como Alemania.
"Debemos esperar a ver exactamente en la práctica qué va a proponer el señor Cameron, pero la libre circulación de trabajadores sin restricciones es un elemento fundamental de la UE desde su creación y es un elemento fundamental del mercado único de la UE", ha resaltado el portavoz.
La Comisión subraya además que "no es una invención de Bruselas", sino que se trata de un principio establecido por el Tratado y ratificado por tanto por los parlamentos nacionales de todos los Estados miembros. Cualquier modificación exigiría un acuerdo unánime de los 28 y su ratificación parlamentaria.
El portavoz ha dicho que ni Londres ni Berlín han comunicado a Bruselas las restricciones que pretenden introducir para rumanos y búlgaros. "Sería prudente hacerlo, pero no es una obligación", ha indicado. La legislación de la UE sólo permite ahora limitaciones temporales de hasta 7 años para los trabajadores de Croacia, que entró en la UE el pasado julio.
El levantamiento de las restricciones este 1 de enero a la libre entrada de trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumanía (miembros de la UE desde 2007), ha hecho que las especulaciones sobre una «casi invasión» haya hecho correr ríos de tinta y que se hayan levantado voces de los más extremistas en el parlamento británico.
Tanto, que Cameron se apresuró a poner en marcha a finales de diciembre un proyecto de ley que recorta las prestaciones sociales a búlgaros y rumanos. Entre otras ha retrasado tres meses el cobro del subsidio del paro y la ayuda a la vivienda.
Sin embargo, los expertos no prevén una llegada masiva, a lo sumo unas 2.000 o tres mil personas y repartidas entre toda la UE.
Desde Sofia y Bucarest, hablan de «histeria» en el Reino Unido y de que los que querían trabajar fuera de su país ya lo están haciendo.
Damian Draghici, miembro del Senado rumano y asesor del primer ministro, Victor Ponta, ha dicho en declaraciones a The Times que Reino Unido debe prestar más atención a lo que hacen sus banqueros en lugar de a los que buscan trabajo. «Los gitanos que piden una libra o un euro en la calle nos molestan. Sin embargo, a algunas personas que trabajan en los bancos y que roban miles de millones de euros nadie las ve porque están en la planta 60», ha señalado.
Draghici añadió que no hay «millones de rumanos diciendo 'Inglaterra está abierta, vayamos'».
Por su parte el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, señala que la restricción solo la han mantenido nueve países, los otros 19 Estados miembros han permitido el derecho a la libertad de trabajo y, por supuesto, los ciudadanos rumanos y búlgaros han disfrutado desde 2007 del derecho a viajar y residir en todos los Estados miembros. Lo han hecho más de 3 millones de nacionales rumanos y búlgaros. En Gran Bretaña hay miles de trabajadores de esos dos países contratados en el sector sanitario: médicos y enfermeros.
La Comisión Europea no cree que se produzca ninguna «afluencia repentina» de personas procedentes de otros países de la UE en «una ciudad o región en particular». Si fuera así, recuerda que los Estados miembros pueden utilizar el Fondo Social Europeo (por valor de 10 mil millones de euros al año) para «hacer frente a esos problemas» y que desde el 1 de enero de este año, cada país de la UE debe utilizar al menos el 20 % de los fondos del FSE en la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
Con información de Europa press
