A partir del 1ero de noviembre, comenzó a regir en Venezuela, el incremento al salario mínimo nacional de 30% decretado de manera unilateral por el Presidente Nicolás Maduro, y una modificación en el beneficio de alimentación. De esta manera el ingreso mensual de los trabajadores venezolanos no puede ser inferior a Bs. 16.399, resultado de la suma de ambos beneficios (Bs. 9.649 + Bs. 6.750).

Sin embargo, este ajuste no estaría favoreciendo a la mayoría de la fuerza laboral. Según los cálculos de la coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Marcela Máspero, solo 40% estaría cubierto, “el resto está excluido o tiene un beneficio un poco mayor”. Si bien es cierto que se establecen sanciones a los patronos que no ajusten los salarios al mínimo nacional, son continuas las protestas de empleados y obreros, en particular del sector público, para denunciar retrasos en la actualización de los pagos.

Y, para los perciben un ingreso mensual superior, el ajuste no sería en la misma proporción. En el caso del sector privado “tratan de respetar las bandas, como lo llaman en recursos humanos, que tienen entre un cargo y otros para diferenciar”, comentó la abogada especialista en el área laboral, Emma Neher, socia internacional de Littler Mendelson.

Sin embargo, el impacto del aumento de 30% estaría reflejado en algunos beneficios como “el Seguro Social Obligatorio, que se basa en 5 salarios mínimos, con eso tienes que ajustar la nómina, porque tienes un tope mayor para calcularlo; para el Régimen Prestacional de Empleo, son 10 salarios mínimos; para el beneficio de guarderías, por ejemplo, si antes era el que ganara un poco más de 35 mil bolívares, ahora va a ser el que gana hasta 45 mil, unos trabajadores que antes, aún teniendo hijos menores de 6 años, no tenían el beneficio porque estaban fuera de rango, ahora si están dentro”, explicó la experta.

En cuanto al beneficio de alimentación, ahora llamado “cestaticket socialista”, no son pocos los casos de trabajadores que recibían más de 6.750 bolívares al mes (monto fijado por el Ejecutivo venezolano) incluso, ganando más de los tres salarios mínimos.

Según la información que maneja la vocera de la Únete, en algunos Ministerios ganan entre 10 y 12 mil bolívares mensuales, como bono de alimentación. En esa organización sindical consideran que se deberían mantener los dos beneficios “de ser así podemos medianamente resarcir algunas de las debilidades en torno a la canasta alimentaria que tenemos los trabajadores”, expresó Máspero.

Pero Neher aclaró que la reciente ley derogó la anterior sobre la misma materia. “El problema con la Ley (de cestaticket socialista) es que deja demasiadas dudas, aunque menciona mínimo y máximo, realmente da un monto único y muchos trabajadores vienen recibiendo un monto superior, entonces ¿se salariza lo que excede los 6.750? (…) cuando divides ese monto entre los 30 días, que dice la ley, da un monto diario de 225 bolívares y ninguna comida te cuesta eso”, explicó.

Producción, empleo y convención colectiva

Los trabajadores del sector público en Venezuela (2.527.771 para enero de este año, última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística), están a la espera del reinicio de las negociación del contrato colectivo marco, suspendidas desde hace un año. Mientras pasa el tiempo, las cláusulas económicas van quedando rezagadas con respecto a la inflación.

Es por ello que el presidente de la Federación de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez insistió en que “lo más importante es discutir lo que va a compensar ese incremento, o sea lo que va a ayudar a la familia del servidor público activo o jubilado”. Por lo que reiteró la propuesta de una bonificación única mensual, igual a 5 salarios mínimos, que no tenga incidencia en los demás beneficios, pero que permitirá al trabajador cubrir sus necesidades.

Por su parte, le coordinadora nacional de Únete, fue enfática en advertir que “ningún aumento alcanzará si no hay empleo y producción en el país, hay una pérdida de miles de empleos producto de las desacertadas políticas públicas en materia de importaciones (…)”. Exige que se deroguen las medidas que favorecen las importaciones y discutir, y aprobar, las convenciones colectivas de los trabajadores.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas