La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el fujimorista Héctor Becerril, aprobó por unanimidad su informe a favor de delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento.

El informe se centra en aspectos vinculados a establecer medidas que permitan fortalecer la organización y rectoría en saneamiento, los organismos reguladores, coberturas, modernización, gestión empresarial, gestión en residuos sólidos, inversión pública y privada de servicios de saneamiento, expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos, entre otros puntos.

Durante el debate, Becerril planteó la necesidad de reorganizar el Sistema de Inversión Pública (SNIP,) a fin de garantizar la calidad de la inversión pública, así como afianzar el rol y eficiencia de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), incluyendo modificar la regulación sobre las responsabilidades civiles y administrativas de los servidores públicos.

“Se propone reestructurar los procesos del sistema de inversión pública, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura. Se debe mejorar y simplificar la formulación y evaluación de los proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados a nivel de servicios”, manifestó.

Además pidieron que se declare la muerte civil a los funcionarios del Estado que incurran en delito, así como crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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