No todo está dicho sobre la nueva «Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista», aprobada el martes 7 de mayo por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Aunque el instrumento legal establece que la contribución especial será de entre 1% al 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial, el Ejecutivo debe decidir el porcentaje que será pechado para este año 2024 y si tomará en cuenta las propuestas del sector privado.
Luego de la aprobación en primera discusión el pasado jueves 2 de mayo de la Ley de Pensiones, la AN de 2020 concedió solo tres días para la correspondiente y obligatoria consulta pública. Es así como el lunes de esta semana los parlamentarios se reunieron con representantes de varios gremios empresariales quienes entregaron un documento con sus recomendaciones sobre el proyecto de ley.
Una de las principales propuestas es la tasa que deberán aportar las empresas del sector privado, la cual consideran debería ser un promedio de ese 1% al 15%. La decisión de ese porcentaje que está en manos del gobernante Nicolás Maduro se revelará cuando la ley y su correspondiente reglamento sean publicados en Gaceta Oficial.
«La alícuota debería ser establecida por la Ley conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras leyes nacionales; y no debe ser superior al 6%. La justificación de ello es que la alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores», se indicó en el documento obtenido por TalCual a través de una fuente parlamentaria.
El sector empresarial reconoce la imperiosa necesidad de contar con un sistema de Seguridad Social y una mayor garantía de los pensionados. «Éste es un propósito común en el que acompañamos al Gobierno Nacional en la formulación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros pensionados y jubilados». No obstante, les preocupa que este nuevo impuesto se plantee en momentos de bajo consumo y ventas, de aumento en las tarifas de los servicios públicos, del ingreso al país de productos ilegales lo que afecta al sector formal y de una excesiva presión fiscal.
Esta contribución especial se agrega a las decenas de impuestos que deben cancelar las empresas, y la cual debe ser entregada al Seniat para que éste organismo tributario a su vez lo transfiera al fondo de pensiones.
El economista como Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, señaló que la mayoría de los países han apostado por crear ambientes fiscales que promuevan la innovación empresarial y el bienestar ciudadano, reduciendo impuestos para atraer inversión extranjera y potenciar la productividad de pequeñas y medianas empresas. En Venezuela, sin embargo, los incentivos para las empresas de pequeño y mediano tamaño no han significado una promoción de exenciones fiscales y se observa en el país una aceleración de la llamada voracidad fiscal del gobierno.
«Los impuestos nacionales, municipales y parafiscales suman un impacto total promedio del 50% sobre los beneficios netos de las empresas, con algunos casos extremos en rubros o ciudades específicas en los cuales este impacto supera el 60%», explicó Oliveros.
En la reunión entre los representantes de los gremios y los diputados de la AN estuvieron presentes el presidente de Conindustria, Luigi Pisella; el presidente de la Cámara de la Industria Faramacéutica (Cifar), Tito López; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Nueva Esparta y coordinador regional de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez.
En una reciente entrevista dada a la emisora Unión Radio, Pisella adelantó que el porcentaje de hasta 15% de los pagos de nómina, debía ser mucho menor a lo que es el tope; pero adicionalmente, «vamos a proponer que haya un máximo también, porque si se deja así, el patrono que haya remunerado mejor a sus trabajadores será el más afectado».
En este sentido, la propuesta gremial establece que el tope sea de hasta el importe equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo. «De igual manera, consideramos que a los efectos de que se respete lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras la base de cálculo de la contribución debe ser el salario normal correspondiente al mes anterior en que se cause el tributo. A todo evento, podría considerarse que el monto mínimo de base cálculo sea el ingreso mínimo integral definido por el Ejecutivo Nacional».
Igualmente, en el documento refrendado por Fedecámaras se planteó que la Ley cuente con una exoneración o exención del pago de la contribución para los sectores prioritarios de la economía, como los productores de alimentos y otros productos de primera necesidad; así como a aquellas empresas que ya tenga entre sus beneficios al trabajador plan privado de pensiones. No obstante, aunque en la norma aprobada no se agregaron estas propuesta, habrá que esperar lo que disponga el reglamento.
Actualidad Laboral / Con información de TalCual
